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| El domingo se elegirá un nuevo gobierno para los próximos 5 años. ¿Qué propone cada uno en materia de seguridad vial? |
Dentro de tres días sabremos quién será el próximo Presidente de la República. Si bien los titulares de los medios tradicionales están repletos de declaraciones o encuestas, desde Autoblog queremos sumarnos a la campaña, pero desde nuestro lugar, es decir, el del mercado automotor, que se representa dentro de la política en forma de propuestas sobre seguridad vial.
Como ya sabrán, desde este blogcito se ha intentado en varias ocasiones "evangelizar" en relación a la importancia de este aspecto a nivel social. Por tales razones, y casi que rozando los límites de la veda que comenzará mañana, es que Autoblog decidió "bucear" en los programas de gobierno del Frente Amplio y del Partido Nacional de cara a las elecciones del domingo para encontrar qué dice cada uno en relación a lo que se promete realizar en materia de seguridad vial para los próximos 5 años de gobierno. El que desee, podrá descargar los programas completos en este informe, pero si les da un poco de pereza, acá tienen los puntos más importantes de cada uno.
Programa del Frente Amplio (descargar bases programáticas 2020-2025)
En el documento de 208 páginas que emitió el Frente Amplio para la campaña de Daniel Martínez, en la página 57 aparece dentro de los "Objetivos programáticos" un apartado llamado "Seguridad vial" en donde se propone la creación de un "Fondo de Seguridad Vial" conformado a través de distintas fuentes de financiamiento, aunque no se aclara cuáles serían las mismas en ninguna parte del documento.
Se destaca que "la creación de la UNASEV fue un muy importante logro de nuestra fuerza política", así como también se comprometen a "profundizar la política de la Seguridad Vial con una visión humanitaria y con definiciones en cuestiones de salud, seguridad pública y ciudadana, adoptando mecanismos para preservar la vida".
En el siguiente párrafo, el programa menciona que "Se hace imprescindible crear marcos legislativos adecuados para mejorar el relacionamiento y trabajo político en la materia, potenciando a la Junta Nacional de Seguridad Vial, en particular en relación con el Ministerio del Interior y las Intendencias. Se tendrá en cuenta las recomendaciones de las Naciones Unidas, persiguiendo el objetivo de revisar y aggiornar las nuevas políticas de “Seguridad vial, movilidad y convivencia ciudadana”, conjugando los programas técnicos de promoción de la seguridad vial mediante la educación y las buenas prácticas, con planes de control y fiscalización del respeto de las normas, así como un adecuado uso de las vías de tránsito y el espacio público, con el objetivo de continuar disminuyendo las tasas de mortalidad y lesividad por siniestros de tránsito. Se atenderá con el mismo nivel de preocupación y atención tanto a la educación formal y no formal, como a la prevención, a la fiscalización con nuevas tecnologías y a la ingeniería vial, fortaleciendo las estrategias desarrolladas a través del PITCNT, MTSS e INEFOP.
Por último, se cierra este apartado con el siguiente párrafo de objetivos a cumplir: "lograr una mayor rigurosidad en la preparación para conducir vehículos
a todo nivel, mejorar la atención en la rehabilitación de víctimas de siniestros, garantizar el acceso universal
a los permisos de conducir de la población de bajos recursos, aplicar políticas de género a la seguridad vial,
actualizar las exigencias de implementos de seguridad en los vehículos, mantener registros de automotores
actualizados para determinar fehacientemente su titularidad y antecedentes, realizar ponderaciones jurídicas
adecuadas ante los comportamientos de real peligro para la seguridad vial en el tránsito, entre otros."
Si bien sobre seguridad vial no se menciona nada más en el programa del Frente Amplio, es interesante repasar un párrafo sobre "Movilidad Eléctrica" que aparece apenas más abajo: "Los cambios efectuados por el país en los últimos años en materia de la transformación de su matriz
energética han generado las condiciones necesarias para plantearse como meta una política agresiva de
electrificación de su transporte de pasajeros, con beneficios tanto en términos de costos como de mejora
en la calidad de servicios, disminución de emisiones de gases y ruidos, así como el aprovechamiento de
un recurso energético nacional que tiene cada vez mayor preponderancia. Será necesario generar mecanismos de incentivo para hacer viable su incorporación paulatina a los distintos servicios de transporte."
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Programa del Partido Nacional (descargar bases programáticas 2020-2025)
El Partido Nacional, por su parte, tiene un capítulo entero dedicado a la seguridad vial en la página 91 de un programa que comprende un total de 177 páginas. Allí aparecen algunos datos de siniestralidad del año 2018, presentados por la UNASEV este año, así como también se menciona que "puede estimarse que la inseguridad vial le está costando al país
casi 1.500 millones de dólares al año".
Además de hacer un intenso repaso sobre más cifras de siniestralidad y el incumplimiento de las metas que Uruguay había firmado en el marco del "Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad
Vial 2011-2020", el Partido Nacional propone una serie de medidas bajo el subtítulo "acciones a impulsar", que se citan a continuación:
1) Fortalecimiento de la UNASEV, proporcionándole los medios jurídicos y un presupuesto adecuado para
la realización de una política de seguridad vial que llegue a todo el país. Para darle una mayor relevancia institucional, nos
proponemos ubicarla como unidad ejecutora, modificando su actual situación de dependencia presupuestal.
2) Servirse de la información sistematizada por el Sistema de Información Nacional de Tránsito (SINATRAN,
dependiente de UNASEV) para realizar una mejor identificación de las causas que intervienen en los siniestros de tránsito,
identificando tipos y subtipos de factores sobre los que sea posible actuar para mitigar el fenómeno.
3) Adecuación de la inspección técnica de vehículos a las normas y políticas nacionales de seguridad vial.
4) En coordinación con los gobiernos departamentales y el MTOP, estandarización de normas de seguridad
para la construcción de cruces, intercambiadores, pasos peatonales, vías de acceso a estacionamientos, etc.
5) En coordinación con los gobiernos departamentales, elaboración de un programa nacional único para la
formación de aspirantes a obtener la licencia de conducir. El programa incluirá contenidos normativos, elementos de primeros auxilios, conocimientos de mecánica y criterios de conducción defensiva.
6) En coordinación con las autoridades de ANEP, aumentar el peso curricular de la seguridad vial y para la
siniestralidad en educación primaria y media. Los alumnos de nivel medio que obtengan calificaciones destacadas podrán
ser exonerados de hasta un 50% de la prueba teórica para la licencia de conducir, siempre que la tramiten en los dos años
siguientes a haber concluido Bachillerato. Se coordinará con los institutos de formación docente para organizar la capacitación de formadores en esta materia.
7) Regulación nacional y fiscalización de las academias de choferes. Elaboración de un plan de formación de
formadores que incluirá mecanismos de acreditación para quienes están en actividad y cursos obligatorios para quienes se
incorporan.
8) Licencia única de conductores, con criterios comunes para la definición de factores inhabilitantes (visión, audición, problemas neurológicos o de consumo de sustancias, etc.). Como ocurre en otros países, la licencia debe funcionar con sistema de puntos (quita de puntos ante faltas cometidas, hasta llegar a una eventual inhabilitación transitoria o definitiva, y suma de puntos por conductas favorables a la seguridad vial).
9) Desarrollo de un programa de capacitación de choferes profesionales (conductores de ómnibus, taxis, remises y camiones) a cuyo cumplimiento quedará condicionada la renovación de la licencia. La práctica internacional enseña que estos programas son una inversión de alto retorno, porque el estilo de conducción de los choferes de grandes flotas tienen un efecto ordenador sobre el tránsito (y las malas prácticas tienen el efecto inverso).
10) Desarrollo de un Plan Nacional de Fiscalización electrónica apoyado en el SUCIVE, que se complemente con la licencia de conducir por puntos. La experiencia internacional indica que la percepción por parte de los conductores de una alta efectividad en el control de conductas indebidas tiene efectos muy positivos sobre los hábitos de conducción.
11) Creación de una Unidad de Comunicación dentro de UNASEV, que será responsable del desarrollo de campañas orientadas a mejorar los niveles de información y a generar hábitos positivos. Esta Unidad deberá actuar en coordinación con los gobiernos departamentales y el MTOP (para el caso de las rutas nacionales).
12) Fortalecimiento, en coordinación entre UNASEV y los gobiernos departamentales, de las unidades locales y departamentales de seguridad vial.
13) Mitigar el sub-registro de siniestros de tránsito mediante coordinación con la Junta Nacional de Salud, captando todas las consultas médicas que sean consecuencia de aquellos, a partir de ajustes menores al sistema que reporta la información al BPS.
15) Los recursos generados por los organismos de control de tránsito en todo el país deben volcarse integralmente a la seguridad vial, y no a Rentas Generales como ocurre ahora. Si se transmite al conductor que lo que paga por una infracción se vuelca en educación o equipamiento de seguridad vía, el sistema de penalizaciones gana en legitimidad.
16) Diseño y aplicación de una política de control vehicular acorde con las mejores prácticas internacionales.
Los controles deben ejercerse sobre los tres aspectos fundamentales de la seguridad: la primaria o activa, que refiere a los
elementos que proporcionan mayor eficacia y estabilidad al vehículo (neumáticos, suspensiones, sistemas de dirección,
sistema de frenos, control de tracción y estabilidad, luces, espejos, limpiaparabrisas etc); la secundaria o pasiva, que reduce
los daños inmediatos que se pueden producir en un siniestro (cinturón de seguridad, airbag, apoyacabezas, sistemas de
retención infantil, diseño de carrocería y chasis, etc.) y la terciaria, que apunta a reducir los daños posteriores al siniestro
(apagado automático de motor, accesos al vehículo que simplifiquen a los rescatistas, etc.).
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