Venta de 0km afectada por paro de registrales

Según la Asociación del Comercio Automotor, el mercado ha registrado bajas en los últimos dos meses.

El paro de los funcionarios registrales, que se realiza desde hace algo más de dos meses en reclamo de un aumento salarial, estaría afectando a la venta de vehículos 0km, según un comunicado emitido esta semana por la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU).

Si bien las ventas de ese tipo de vehículos, a diferencia de la de automotores usados, no necesitan de inscripción registral, la misma se encuentra “entorpecida y afectada”, explicó a El Observador el gerente de la ACAU, Ignacio Paz, debido a que una modalidad de venta muy común es que quien compra un vehículo 0 km entregue a cambio uno usado.

“Hay muchos engranajes que están fallando en la máquina de la comercialización”, explicó Paz. Los primeros que se vieron afectados por las medidas distorsivas aplicadas por el sindicato de los funcionarios de la Dirección Nacional de Registro fueron los concesionarios, dijo el gerente de ACAU, ya que de las 500 solicitudes de pedidos de información para realizar la compra venta de automotores, solamente se están atendiendo 150 y desde el 8 de diciembre, si bien se recepcionan los pedidos, no se despachan documentos.

Esa afectación en la actividad de los concesionarios, que implica una falta de liquidez y en consecuencia la imposibilidad de renovar el stock, explicó Paz a El Observador repercute además como “una bola de nieve” en todas las actividades relacionadas a la actividad automotriz, como los talleres mecánicos, la inspección de vehículos, o la contratación de seguros.

En cuanto a las pérdidas percibidas, Paz aseguró que es difícil de cuantificar. Sin embargo aseguró que se han constatado bajas en las ventas. “El mes pasado ya hubo una baja en el mercado, este mes nuevamente hubo una baja, algo superior todavía lo que es el resultado también de este conflicto y cada vez va a ser peor”, afirmó.

Según el comunicado de la ACAU, de no solucionarse el conflicto, “el mercado automotor se podría afectar seriamente”, debido al retraso de entregas en las unidades nuevas, algo que consideran como “una violación al derecho de los consumidores, a la seguridad jurídica y al normal funcionamiento del sector”.

Los funcionarios registrales mantuvieron en el día de ayer una reunión con el Poder Ejecutivo, quien les ofreció un aumento del 8% salarial, pero que no conforma al sindicato. Este pide un aumento del 26%, el mismo que reclaman los funcionarios judiciales.

Fuente | El Observador